México sufre importantes déficits en la defensa y protección de los Derechos Humanos. Las violaciones del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personales, y también a las garantías y protección judiciales, han sido motivo de preocupación de las organizaciones civiles mexicanas y representa una constante lucha que hasta la fecha no se ha podido vencer. El Sur de México es la zona más afectada por la violencia, en especial los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y en las Huastecas de Veracruz e Hidalgo.

Las causas que provocan esta situación no son fáciles de identificar, pero indudablemente están vinculadas a conflictos locales, regionales y nacionales de carácter político, económico y religioso, como, por ejemplo, la pobreza, la discriminación y la impunidad de la que gozan las autoridades públicas.

Un gran número de grupos de la población no tienen acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente mujeres, indígenas, adultos mayores, niños en situación de calle, emigrantes, personas discapacitadas o jornaleros agrícolas, sufriendo en muchas zonas condiciones deplorables de empobrecimiento, acceso a servicios sociales y salud.

La discriminación genera en México un importante número de violaciones a los derechos humanos, como, por ejemplo, las violaciones al derecho al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, las violaciones a los derechos de las personas recluidas, la violencia que sufren las mujeres, el fenómeno de la migración, la trata de personas, la explotación infantil, las restricciones a la libertad de expresión y la obstaculización de la participación política para algunos grupos de la población.

Por último, en México subsiste la impunidad y se practica actos de tortura de forma sistemática, ejecuciones y detenciones arbitrarias y ataques contra la población civil por parte o con la tolerancia de las policías judiciales y de las fuerzas de seguridad estatales y federales, inclusive de la Policía Federal o el Ejército Mexicano bajo el pretexto de la lucha antisubversiva y contra el narcotráfico. La impunidad impide la vigencia del Estado de derecho y lleva a los ciudadanos a desconfiar tanto del desempeño de las instituciones, como de la efectividad de los sistemas de protección de los derechos humanos.

Son muchos los medios que se han puesto en marcha para erradicar la violación de los derechos humanos en México. En 1990 se creó La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este organismo tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previsto en el orden jurídico mexicano. Las comisiones estatales de derechos humanos persiguen el mismo fin, pero su ámbito de actuación se reduce a cada de uno de los estados mexicanos. Hay un total de 32 comisiones estatales. Las organizaciones de derechos humanos también han proliferado en los últimos años. Entre las de mayor prestigio se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos AC.

No obstante, la falta de voluntad política del gobierno mexicano para poner fin a estas graves violaciones de los derechos humanos y la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia dificultan las labores de las entidades mencionadas.

5.1. Conflicto en Oaxaca

Del 14 al 19 de septiembre realicé un viaje a Oaxaca con el objetivo de conocer la situación de los Derechos Humanos en dicha región.

Oaxaca es un Estado de poco más de 95.000 km², ubicado al sur del país, donde el 60% de sus 3,2 millones de habitantes son indígenas. Es el Estado que posee mayor grado de marginación social en México. El 73% de la población vive en extrema pobreza y no tiene medios para cubrir las necesidades de alimentación, salud, vivienda y educación. El 80% de los municipios carecen de servicios básicos como alumbrado o agua potable.

El autoritarismo de los gobiernos, la corrupción, la falta de transparencia en la administración pública y la criminalización de la lucha social son elementos habituales de la sociedad oaxaqueña.

Tanto la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos como la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) constataron dichos datos durante los encuentros que mantuve con sus miembros durante mi estancia en el Estado.

El origen del conflicto se sitúa en el mes de mayo de 2006 cuando 70.000 profesores reivindicaron mejoras salariales y de las condiciones laborales. Ante la respuesta negativa que obtuvieron del gobierno, el movimiento radicalizó su postura y lo que empezó como una reivindicación social normal por parte del magisterio se convirtió en un movimiento de protesta popular en favor de mejoras sociales para la población oaxaqueña.

El uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad estatales y federales para intentar erradicar el conflicto, la falta de atención que las autoridades han prestado a las demandas sociales del pueblo y el estilo dirigista del gobernador del Estado, el Sr. Ulises Ruiz, no han hecho más que acentuar la crisis. Desde el comienzo de la misma son numerosos los informes que señalan la existencia en Oaxaca de ejecuciones arbitrarias, actos de tortura, detenciones arbitrarias y ataques contra la población civil y se han hecho evidentes las deficiencias de la estructura política de Oaxaca, así como la imposibilidad de que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos políticos en la dirección de los asuntos públicos.

La solución del problema pasa, según la APPO, necesariamente por la salida del gobernador Ulises Ruiz, la atención al magisterio, a las necesidades de los pueblos indígenas y a los problemas sociales.